Misiones participó del Consejo Federal de Medio Ambiente Joven | COP2

En el marco de la COP2 por el Acuerdo de Escazú, el encuentro de la diplomacia ambiental busca implementar un mecanismo internacional que promueva el acceso a la justicia ambiental. La provincia estuvo representada por el Ministro Secretario de Cambio Climático, Gervasio Malagrida, junto al equipo técnico de la Subsecretaría de Gestión; Ministro de Ecología, Víctor Kreimer, el Subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Alan Vortisch; y el cacique de la comunidad Yraka Miri, Alejandro Méndez, y Secretario General de la nación Mbyá Guaraní.

La agenda del evento, estuvo marcada por la CEPAL y la Nación, en el cual se mantuvo un encuentro con la organización Uno Punto Cinco y UNOPS de Argentina para intercambiar los avances y desafíos desde Misiones en vista al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo, el cual entró en vigencia en Abril de 2021. Además, en el segundo plenario, realizado el día dos del encuentro, tuvo lugar la disertación del cacique Alejandro Méndez, donde estableció el trabajo que debe realizarse para poder preservar y conservar a las comunidades originarias en todo el territorio nacional, poniendo foco en nuestra Provincia.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional, de América Latina y el Caribe, que versa sobre el ambiente y el primero en el mundo en incluir a los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y suscripto por 24 países el 27 de septiembre de ese año. Luego fue ratificado luego por otros doce países, entre ellos Argentina, donde entró en vigencia el 22 de abril de 2021

Los ejes principales del Acuerdo se centran en garantizar el derecho a la información, al acceso a la justicia y a la participación ciudadana en asuntos ambientales en toda la región; entendidos estos derechos como derechos humanos. Se trata de un instrumento que obliga a los países que lo conforman a cooperar para su cumplimiento, a crear infraestructura institucional de apoyo y a otorgar herramientas para formular políticas públicas y tomas de decisiones con participación de la sociedad civil.

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